Los consumidores asumirán solo 50€ por el robo de sus tarjetas
El Gobierno ha puesto en marcha la maquinaria para transponer la nueva directiva comunitaria de medios de pago, con la que se persigue incentivar la competencia en este sector con la entrada de nuevos jugadores (start ups o fintech) y elevar la protección de los consumidores.
Economía ha sacado a audiencia pública la legislación, que entrará en vigor durante el primer semestre de 2018, meses después de que la normativa europea comience su andadura, el próximo 13 de enero.
Entre las novedades más destacadas se encuentra la limitación de la responsabilidad de los ciudadanos a 50 euros en operaciones no autorizadas como consecuencia de la pérdida, robo o fraude de las tarjetas de créditos o de los pagos que se realicen a través de Internet. Hasta la fecha, esta cuantía se eleva a 150 euros.
A partir de dicho importe, los consumidores podrán reclamar a las entidades emisoras de las tarjetas el importe sustraído por terceras personas, una solicitud que deberá resolverse en un periodo de tiempo más corto. La ley que pretende aprobar el Gobierno para adaptarse a la regulación comunitaria reduce de dos meses a quince días el plazo para que los bancos y otros agentes de medios de pago lleven a cabo la resolución de las peticiones y quejas de los usuarios, no sólo por robo, sino aquellas que estén relacionadas, por ejemplo, con las comisiones.
Tanto la limitación de la responsabilidad como el plazo de las reclamaciones se extiende, según fuentes del Ministerio de Economía, a las microempresas, aquellas que facturan menos de 12 millones de euros al año.
La legislación abre la puerta a que los bancos compartan con terceras compañías los datos de los clientes, siempre y cuando exista el consentimiento previo, además de promover la actividad de los agregadores (intermediarios) en la actividad de medios de pago y firmas de servicios de información de cuentas. Estos jugadores, siempre y cuando tengan un pequeño tamaño, operarán bajo un régimen especial, por el que no tendrán pasaporte comunitario.
Sin embargo, la lentitud del Gobierno para articular la nueva normativa conllevará inseguridad jurídica a las entidades, que podrían enfrentarse a litigios con sus clientes durante el periodo de adaptación y convergencia con la normativa europea. Una vez se apruebe la ley y el decreto para su desarrollo, los contratos en materia de servicios de pago tendrán que ser actualizados.
La banca tendrá tres meses, tras la entrada en vigor de la legislación española, para adecuarse a las nuevas normas. Entonces, los titulares de una cuenta bancaria deberán dar permiso para que sus datos sean compartidos por un tercero con licencia que desee ofrecer servicios de pago.