Jaime Ponce (presidente del FROB): El desfalco de los gestores de las cajas de ahorros sobrepasa los €3.700M
Las investigaciones del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) y las pesquisas judiciales están desmontando una retahíla de operaciones sospechosamente irregulares, que dejaron tocadas las arcas de las antiguas cajas de ahorros.
Al menos los directivos están siendo investigados por desfalcar a estas entidades en los años del boom y en los comienzos de la crisis 3.704 millones. Ésta es la cuantía de las diferentes transacciones supuestamente ilegales que el organismo público ha denunciado ante la Fiscalía desde 2013, cuando puso en marcha una serie de informes para analizar la situación de los grupos que tuvieron que ser rescatados con dinero público. La inmensa mayoría están en procedimientos abiertos, en diferentes causas, en los tribunales.
Estas irregularidades tienen que ver con créditos, sueldos y prejubilaciones que fueron autorizados al margen de la legalidad y que supusieron un quebranto patrimonial de tal dimensión.
Gestión determinante
Hace dos semanas el presidente del Frob destacaba en el Congreso de los Diputados que hasta la fecha la institución había remitido a Anticorrupción 57 informes con transacciones sospechosas. "Es obvio que la actuación de los gestores es un elemento determinante de la eventual inviabilidad de una entidad", aseguraba Jaime Ponce, quien subraya que el Frob, como autoridad de resolución, "ha velado por la persecución de aquellas conductas irregulares que podrían haber causado un perjuicio patrimonial a las entidades y, en concreto, ha ejercido directamente las acciones judiciales o extrajudiciales cuya titularidad le corresponde encaminadas a conseguir el resarcimiento patrimonial".
Las últimas denuncias fueron presentadas el año pasado, cuando llevó nueve créditos supuestamente irregulares de Caja España Duero, que habían supuesto un quebranto de 120 millones, y otro de Sa Nostra, cuyo agujero aún no se había determinado.
En estas causas no se encuentran algunas de las más relevantes y de impacto social, como la salida a bolsa de Bankia o la comercialización de preferentes, ya que las pérdidas han sido asumidas finalmente o bien por el Estado, a través de compensaciones o indemnizaciones, o por los inversores. Precisamente está previsto que próximamente se sienten en el banquillo de los acusados los antiguos consejeros y directivos de Bankia por la colocación de acciones en el mercado a mediados de 2011.
De momento, muy pocas denuncias han sido resueltas aún por la Justicia. Y muy poco dinero se ha podido recuperar. Las condenas, hasta la fecha, han llegado a cuentagotas.
Condenas
Apenas varias causas han culminado ya. La más importante, por su relevancia social, ha sido el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, cuya sentencia aún debe ser ratificada por el Supremo.
También es destacable la causa de las prejubilaciones de las cajas gallegas, por la que algunos directivos se encuentran aún en prisión. Desde octubre los cinco exgestores disfrutan de un régimen de semilibertad tras haber cumplido buena parte de la pena y de haber comenzado a realizar trabajos sociales.
El que fuera presidente de Bancaja, José Luis Olivas, fue condenado a un año y medio de cárcel por una de las operaciones que más quebranto ha supuesto a una entidad, la denominada Grand Coral. Los préstamos a un proyecto inmobiliario en el Caribe conllevaron un agujero a la caja valenciana de 750 millones de euros. Olivas se enfrenta a otras causas, entre ellas, la salida a bolsa de Bankia, de la que llegó a ser vicepresidente en la época en que Rodrigo Rato era su máximo responsable.