El Gobierno valenciano crea un órgano para perseguir la discriminación lingüística en el ámbito privado
Bajo la premisa de que "nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua", desde el pasado martes cualquier persona puede denunciar ante la Oficina de Derechos Lingüísticos (ODL) de la Generalitat Valenciana casos de "discriminación" por el empleo de la lengua autóctona en el ámbito público y privado.
El Consell Jurídic Consultiu (CJC) -una organismo asesor de la Generalitat- había instado a dejar fuera de este procedimiento a los particulares, pero el Gobierno que preside Ximo Puig ha hecho caso omiso. El PP ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la creación de la nueva Oficina al entender que vulnera los derechos individuales y no cuenta con el visto bueno del CJC.
La Generalitat sí aceptó finalmente que el nuevo organismo no disponga de capacidad sancionadora. De acuerdo con el decreto que regula su funcionamiento, el nuevo organismo, que depende de la Consejería de Educación dirigida por Vicent Marzà, no supondrá un aumento del presupuesto y tiene como objeto "proporcionar apoyo y consejo a la ciudadanía para canalizar las reclamaciones, sugerencias y consultas motivadas por posibles vulneraciones de los derechos lingüísticos y tratar de erradicarlas".
Ante una reclamación fundamentada, la ODL podría iniciar un expediente informativo, que afectará también al ámbito privado, para averiguar los hechos denunciados y se compromete en el plazo máximo de un mes a dar una contestación en la que figure la respuesta del organismo administrativo o el particular responsable del "agravio".
El Gobierno autonómico sostiene que "las numerosas deficiencias lingüísticas que presentan tanto la práctica administrativa como las relaciones privadas hacen que la oficialidad formal [de la lengua valenciana] no se corresponda con la realidad social, con la consecuencia directa de que muy a menudo la ciudadanía no puede hacer uso de su opción lingüística". "Además -continúa el decreto- y por ser lo más preocupante, no se pueden obviar las muestras de hostilidad o de discriminación grave hacia las personas que se expresan en valenciano por razón de su lengua".
Para la Generalitat, "este contexto de desequilibrio lingüístico se ve reflejado en las reclamaciones que anualmente registran y tramitan determinadas instituciones de carácter público, pero también en las recogidas por varias entidades cívicas que igualmente se hacen eco y que llevan a cabo una tarea informativa y de asesoramiento jurídico a las personas que sufren un agravio por usar su lengua".
El texto publicado el pasado martes en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), recalca que la «ODL no tiene carácter sancionador y que en consecuencia no puede aplicar ninguna medida de este tipo». on todo, cuando "tenga conocimiento de que se ha producido un hecho o acontecimiento que vulnera los derechos lingüísticos de la ciudadanía, se pondrá en contacto con el órgano de la Administración o con la persona física o jurídica de que se trate para obtener la información necesaria y ofrecer así el asesoramiento que corresponda para garantizar la aplicación de los derechos que amparan a la ciudadanía en el uso de las lenguas oficiales".
Según argumenta el decreto recurrido por el PP, "actualmente, en nuestro territorio y de manera frecuente, los derechos lingüísticos de la ciudadanía se ven sometidos a condiciones de vulnerabilidad cuando aquella emplea el valenciano en contextos diversos, tanto en las relaciones con la Administración local, autonómica o del Estado, como también en las relaciones privadas".
Actuaciones de oficio
Entre las funciones del organismo se encuentran las de "recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración de derechos lingüísticos y las sugerencias relacionadas con la tutela de estos derechos que presente la ciudadanía, y responder a ellas». Además, prevé que pueda actuar de oficio, "cuando considere que determinados hechos vulneran los derechos lingüísticos de la ciudadanía", así como "a instancias de cualquier persona física o jurídica que presente una reclamación".