Cataluña ya gasta lo mismo en devolver el dinero a Madrid que en pagar sus nóminas públicas
El estado español ha preferido emitir deuda para pagar las nóminas públicas antes que dejar quebrar la comunidad. Ahora ya cuesta tanto la deuda como las nóminas y la quiebra se produce por partida doble. No se quiso resolver el problema en su momento y ahora se ha hecho más grande. Habría que aprovechar la inestabilidad del gobierno catalán para dejar quebrar Cataluña, intervenir las cuentas y finalmente reducir el coste de los salarios públicos a la mitad. Eliminando cuantas partidas de gasto duplicado, inútil y superfluo sean necesarias. Esta situación se produce además en un entorno económico en el que los salarios públicos medios de España son hasta un 50% superiores a los del sector privado y en Cataluña casi el doble.
La Generalitat de Cataluña necesitará el próximo año una inyección extra de 9.439 millones de euros por parte del Fondo de Liquidez Autonómica, el conocido como FLA, para atender las obligaciones contraídas con sus acreedores -el principal de los cuales es precisamente el Estado español-, financiar el déficit presupuestario previsto para el ejercicio (0,4% del PIB) y atender otras cuentas pendientes.
Esos cerca de 9.500 millones de euros que la Generalitat prevé solicitar el Ministerio de Hacienda a través del FLA superan en un 22% los 7.757 millones recibidos este año, que ya incluyeron un dotación extra de 484 millones por la desviación imprevista del déficit catalán en 2016. Desde la activación por parte del Ministerio de Hacienda de los mecanismos extraordinarios de liquidez para estabilizar las finanzas autonómicas allá por 2012 Cataluña ha percibido más de 67.000 millones de euros de las arcas del Estado, fundamentalmente a través del Fondo de Liquidez Autonómico, creado en su día para financiar a un coste razonable el déficit presupuestario de las comunidades autónomas y los vencimientos de deuda, pero también las nóminas públicas.
Cataluña ha sido de largo la comunidad autónoma más beneficiada, al menos en términos cuantitativos, por la activación de estos mecanismos extraordinarios de liquidez. Como contrapartida, su operativa ha incrementado de forma exponencial la dependencia de las finanzas catalanas de la financiación estatal hasta el punto de hacer depender su consideración en los mercados financieros de la continuidad de esas líneas extraordinarias de liquidez. Las principales agencias de calificación Standard & Poor's, Moody's y Fitch han recordado en repetidas ocasiones que la calificación de la deuda catalana empeorará si se aprecia algún riesgo de perder ese salvavidas financiero.
Al mismo tiempo, la acción de estos mecanismos ha convertido al Estado español en el principal acreedor de Cataluña. Según los últimos datos del Banco de España (BdE) casi el 70% de las deudas que arrastra Cataluña hasta septiembre tienen como acreedor al Estado: 53.005 millones de euros sobre un pasivo total de 76.831 millones.
La mayoría de la inyección extra del FLA iría...a las arcas del Estado
La acción de estos mecanismos extraordinarios de financiación ha generado una dinámica financiera bastante exótica. Si se cumplen las previsiones de la Generalitat y Cataluña recibe finalmente del Estado en 2018 esos 9.439 millones de euros que le harán falta para atender las obligaciones a corto plazo con sus acreedores, 5.579 millones serán reingresados de nuevo en las arcas del Estado como consecuencia del programa de devoluciones de esas mismas ayudas previsto (que prevé la devolución de 5.454 millones en 2018) y del pago de la anualidad correspondiente a los fondos de financiación autonómica que los gobiernos regionales recibieron de más en 2008 y 2009 (125 millones). Un curioso viaje de ida y vuelta.
El resto irá a parar a entidades financieras españolas y extranjeras, y a tenedores de deuda española. En concreto, esos 9.439 millones de euros que necesita Cataluña se descomponen de la siguiente forma, siempre según la información trasladada por la Generalitat a inversores: 7.884 millones se corresponden con los vencimientos de operaciones de endeudamiento rubricadas por la Generalitat (se incluyen aquí los 5.454 millones que le corresponde devolver al Estado por los fondos procedentes de mecanismos de liquidez recibidos en ejercicios anteriores), 397 millones de vencimientos de préstamos de bancos españoles, 310 millones de euros pendientes de pago a entidades internacionales y 1.690 millones por pagos de los famosos bonos soberanos emitidos en lo peor de la crisis. También hay un cuenta de 33 millones por pagos de proyectos de colaboración público-privado.
Se da la paradoja de que las nóminas de los 227.578 funcionarios y trabajadores públicos catalanes cuestan 5.450 millones de euros al año, que es precisamente la misma cantidad que la Generalitat tiene que devolver a Madrid. Por lo tanto solo podrá seguir haciéndose mientras el BCE siga permitiendo al Banco de España financiar a los ritmos actuales la deuda pública española. Cuando cese el rodillo de refinanciación las quiebras públicas autonómicas se producirán en cascada hasta arrastrar a España.
La inyección del FLA servirá también para financiar las obligaciones de las entidades dependientes de la Generalitat y su administración paralela, por una cuantía agregada de 507 millones de euros. Pero además, la liquidez extra servirá para enjugar los 923 millones de euros de déficit que Cataluña prevé registrar en 2018, el 0,4% del PIB, que terminará convertido en deuda del Estado abonando unos intereses bastante menores de los que le tocaría abonar a Cataluña si acudiera al mercado por su cuenta y riesgo. El Govern tiene pendiente, además, afrontar el próximo ejercicio la devolución de los 125 millones que le corresponden por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómico. Hacienda dio un plazo de veinte años a las autonomías para poder hacer frente a su pago.
El próximo Ejecutivo que se forme tras el 21-D tiene por delante un calendario complicado de vencimientos, sobre todo si tenemos en cuenta que una mayoría se concentran ya a principios del ejercicio. Entre enero y febrero deberá hacer frente a obligaciones con sus acreedores por valor de 2.869 millones de euros. Los siguientes vencimientos fuertes le llegarían ya a las puertas del verano, cuando deberán abonar 2.785 millones.
Si se cumple todo este programa, la Generalitat llegará al cierre del próximo año con unas obligaciones pendientes con el Estado superiores a los 75.000 millones de euros (tres veces el presupuesto anual de la Generalitat) a la espera de lo que la negociación de la financiación autonómica pueda determinar sobre un eventual cierre del FLA o incluso una condonación de parte de la deuda acumulada como consecuencia de la crisis.